Resumen: Admitido el recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de Consejo de Ministros que denegaba la solicitud de indulto interesada, la Sala considera que, siendo este órgano el competente para decidir sobre el grado de integración, reinserción o voluntad delincuencial del solicitante, en definitiva, para concluir si procede o no conceder el indulto al condenado, puede alcanzar tal convicción conjugando el informe de conducta con el resto de informes y la documental que obren adjuntos al expediente administrativo. Y ello porque, como ha reiterado la jurisprudencia "la relevancia del incumplimiento de este requisito estará en relación directa con los demás datos existentes en el expediente, de manera que su falta no puede tener el efecto anulatorio perseguido si del resto de informes, fundamentalmente los emitidos por los órganos judicial y fiscal, deriva que la denegación del indulto no está apoyada en causas ...".
Resumen: La Sala determina que dado que el acto emana de una entidad local y no es una disposición de carácter general, la competencia es de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza.
Resumen: La Sala, tras examinar el alcance de la prerrogativa de gracia de indulto particular y sus límites a la luz de la jurisprudencia sobre la materia (entre otras, STS de 21 de julio de 2022, recurso 87/2022), concluye que en el presente caso, tras rechazar la impugnación referida a la ausencia de motivación del acuerdo del Consejo de Ministros -puesto que la motivación solo es exigible a los acuerdos que confieran la gracia de indulto pero no a los que la denieguen, como es el caso-, el informe de conducta procedimental requerido sobre los solicitantes elaborado tanto por la Guardia Civil como la Policía Nacional, se evidencia deficiente en la medida en que se limita a trasladar la ausencia de antecedentes policiales e, incluso, en el informe de uno de los dos solicitantes se expresa que no pueden obtener datos de otros cuerpos policiales y que desconocen los indicios de arrepentimiento. Y esta insuficiencia del informe de conducta no se suple, en el presente caso, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, ya que en los mismos no se reflejan ni ponderan las circunstancias personales, familiares o laborales de los solicitantes ni ningún otro extremo que permita hacerse convicción sobre el grado de reinserción o desarrollo de los mismos. Por último, la Sala rechaza también la alegación de los recurrentes de que el informe del Tribunal sentenciador es una resolución judicial y como tal ha de ajustarse a las exigencias de motivación derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, toda vez que tales informes no son resoluciones que tengan carácter jurisdiccional de acuerdo con el artículo 245 de la LOPJ.
Resumen: La Sala desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros que no accedió a la concesión del derecho de gracia, ni total ni parcial, de las penas impuestas a dicho recurrente por los delitos de apropiación indebida y falsedad. Recuerda la doctrina reiterada acerca de que los acuerdos denegatorios de la concesión de indulto constituyen actos graciables, como categoría distinta de los actos discrecionales, y resultan controlables exclusivamente en cuanto a determinados elementos. La Sala solo ha entrado a examinar la fundamentación o motivación del Consejo de Ministros en los casos en que el acuerdo había sido favorable, pero también con evidentes limitaciones, pues el control que corresponde al Tribunal se circunscribe al examen de que las razones que justifican la concesión del indulto son de justicia, equidad o utilidad pública, formuladas de una forma lógica que excluya la arbitrariedad. Por el contrario, los acuerdos denegatorios de indulto solo son controlables en cuanto a sus elementos reglados, sin que pueda descenderse al examen de la motivación. A la luz de la doctrina jurisprudencial expuesta, la Sala rechaza las alegaciones del recurrente en cuanto a la ausencia de motivación del acuerdo del Consejo de Ministros.
Resumen: Se trata de un acto que afecta a una pluralidad de destinatarios (funcionarios de un Ministerio cuya sede radica en Madrid) encontrándonos ante el supuesto contemplado en el apartado 2 del art 14 LJCA. En consecuencia, es territorialmente competente para conocer del recurso la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, por ser el tribunal en cuya circunscripción tiene su sede el autor del acto impugnado, que es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Resumen: Ante la inhibicción efectuada por el Juzgado la Sala indica que la solicitud se ha presentado frente al Organismo de salud Osakidetza y por lo tanto frente a un ortganismo autónomo de la Administración autonómica. Es un ente con personalidad jurídica propia y competencia en el territorio autonómico a través del cual se actúa la competencia autonómica en materia de asistencia sanitaria, por lo tanto a tenor del art. 8.3 de la LRJCA, la competencia es de los Juzgados, debiendo devolverse la causa.
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto por la empresa sancionada y declara la falta de jurisdicción del orden contencioso-administrativo para conocer del recurso contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Toledo que impuso sanción por infracción muy grave del art. 54.1.d) LO 4/2000 (contratación de extranjeros sin autorización). La sentencia apelada, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo, se anula por haberse dictado careciendo de jurisdicción. La Sala considera que la competencia corresponde al orden social, conforme a la doctrina de la Sala Especial de Conflictos de Competencia y al art. 2.n) LRJS, al tratarse de una actuación administrativa en materia laboral, aunque tipificada en normativa de extranjería. Se destaca que el procedimiento sancionador se inicia por acta de la Inspección de Trabajo y se tramita conforme al régimen de infracciones del orden social. Se declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo y se indica que, si la parte se persona ante la jurisdicción social en el plazo de un mes, se entenderá interpuesto en tiempo. No se imponen costas.
Resumen: La Sala indica que en este caso, nos encontramos ante una resolución de la TGSS cuyo conocimiento, de acuerdo con el artículo 8.3. de la LJCA corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Y en relación al fuero territorial el acto impugnado procede de la Dirección Provincial de la TGSS en Cádiz por lo que, no tratándose de actos en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales o sanciones, procede declarar la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz para el conocimiento del presente recurso contencioso-administrativo.
Resumen: La cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si, pese a no haber sido examinada por la Sala de instancia ni haber sido alegada por las partes en la instancia, puede la parte invocar la falta de jurisdicción para fundar el recurso de casación, debe examinarla este Tribunal en sede casacional y, en su caso, anular lo actuado.
Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional que resuelve los expedientes de las reclamaciones económico-administrativas acumuladas formuladas contra la liquidación y sanción por el Impuesto de Sociedades. Se plantea la falta de competencia de la Dependencia Regional de la Inspección que ha actuado dado el domicilio social de la contribuyente el domicilio fiscal del obligado tributario es la regla general, aunque dejando la puerta abierta a la existencia de excepciones debidamente motivadas y que, obviamente, en cuanto excepciones que contravienen y se oponen al principio de seguridad jurídica, deberán estar no sólo motivadas desde un punto de vista meramente formal, sino que además deberán justificar opinión de la Sala, la motivación de cualquier acuerdo de extensión de las competencias debe justificar las razones por las cuales resulta insuficiente o inoperante acudir a los mecanismos o actuaciones de colaboración a los que se refiere la normativa aplicable, por lo que la alteración de la competencia territorial de los órganos inspectores debe de estar debidamente motivada para permitir el autocontrol responsable de la Administración, en este caso, no se explicitan las específicas circunstancias que impidan o dificulten el normal desarrollo de la actuación inspectora sin dicha atribución competencial, como que no resulte posible superar dichos eventuales impedimentos o dificultades a través de los mecanismos de colaboración entre los distintos órganos de la administración tributaria y la documental que se aporta en las actuaciones no permite modificar la doctrina sentada por la Sala al respecto.
